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La propuesta del Gobierno es totalmente diferente de la solución presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones

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La propuesta del Gobierno es totalmente diferente de la solución presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones pues la primera tiene como único objetivo, desahogar las finanzas del Estado, a costa de la sostenibilidad futura de las pensiones de los trabajadores 

La nueva propuesta presentada por el Ejecutivo es confiscatoria y perjudicial para el futuro de los trabajadores, señalaron los miembros de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP).

La ICP señaló que las últimas decisiones tomadas en la Asamblea han seguido introduciendo distorsiones y “parches” en la Ley que solo tiene por objeto llevar recursos al Estado, aunque con ello se esté condenando a los trabajadores a pensiones cada vez menores.

Indicaron que el Sistema de Pensiones del país necesita una reforma para fortalecerlo por lo que los cambios que se realicen deben  tener como propósito fundamental, mejorar las pensiones de los trabajadores dentro del marco constitucional, respetando la propiedad del ahorro de los trabajadores y teniendo en cuenta las restricciones fiscales. Por el contrario, las propuestas del Ejecutivo están solo motivadas por lograr un alivio fiscal de corto plazo dentro de un proyecto de nacionalización en el que el Estado tenga total acceso a los ahorros de los trabajadores. 

Indicaron que las decisiones que se tomen en pensiones deben tener enfoque de sostenibilidad de largo plazo, deben ser tomadas sin atropellar la institucionalidad y mucho menos, perjudicando a los trabajadores.   

Detallaron que la propuesta gubernamental es confiscatoria, al tomar la mitad del dinero ahorrado por los trabajadores, unos $5 mil millones, para desahogar las finanzas públicas del país. Adicionalmente, la propuesta del ejecutivo no es integral, no mejora  la rentabilidad del ahorro, no agrega beneficios, no mejora la cobertura y desmejora la pensión

Explicaron que en esta nueva propuesta se crea una nueva figura a través de un  “registro en una cuenta” la cual es incierta, sin respaldo de dinero. Con los registros contables de los aportes se crea un “Fondo” incierto, volviendo a la lógica de un sistema de reparto, el cual ya fracasó previamente en El Salvador.

De acuerdo al proyecto presentado por el Ejecutivo, en su artículo 116-B toda persona afiliada a una AFP deberá “aportar el 50% del saldo de su Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones al Fondo Colectivo de los trabajadores…”

En el artículo 116-C del mismo proyecto de Decreto se establece que las AFP “deberán llevar un registro contable” del saldo individual. 

Confisca el 50% de los ahorros actuales, y el 59.3% de los nuevos aportes a un fondo sin respaldo en activos (el dinero que entra sale cada mes para pagar ISSS/INPEP). Sólo lleva un registro de los aportes. Su manejo no está en la ley, sino que se traslada a una norma que hará el BCR, y se desconoce cómo va ser.

Los salvadoreños no recibirán nuevos o mejores beneficios con la propuesta del Ejecutivo. Por ejemplo, en al área de pensión de vejez sólo ofrece el derecho a pensión mínima garantizada por el Estado, algo que hoy por hoy ya se tiene, sin tener que entregar su dinero para que el Estado pague sus deudas.

Tanto el aporte del 50% de lo ya ahorrado por los afiliados como sus cotizaciones futuras se usará para pagar pensiones deudas actuales por personas y derechos con las personas  que están afiliados al sistema de ahorro para pensiones, los del ISSS e INPEP, y otros gastos del Estado en un esquema que es deficitario desde un inicio. Se ofrece un tope de hasta el 5% de los ingresos corrientes del Estado, y el resto de las necesidades se enfrentarían con emisión de más deuda. El esquema es insostenible y poco a poco irá liquidando el patrimonio original.

Los miembros de ICP dijeron estar preocupados que la Asamblea Legislativa vaya a aprobar la propuesta gubernamental esta semana utilizando el mecanismo de dispensa de trámites, o llevándola al pleno con dictamen, pero sin un análisis serio y profundo de sus componentes e implicaciones, y sobre la cual se desconoce si existe un estudio financiero-actuarial que la respalde, y que sea validado por una tercera entidad independiente.

En febrero de 2017, la ICP presentó a consideración de la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma integral que retoma insumos de la sociedad civil, y que privilegia los intereses de los trabajadores: respeta el derecho de propiedad de sus ahorros, ofrece pensiones estables y vitalicias, mejora la rentabilidad del ahorro, y al mismo tiempo da un alivio fiscal al gobierno, y según los estudios realizados, es financieramente sostenible.

Reiteraron que la propuesta presentada por la ICP, a diferencia de la gubernamental, cuenta con un estudio Financiero-actuarial el cual fue entregado a todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Hacienda y en el que se evidencia su sostenibilidad y el certifica el alivio que ésta brinda al Estado en cuanto a su carga fiscal asociada con pensiones.  La solución presentada por ICP es “una propuesta robusta” como lo calificaran organismos multilaterales.  

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