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Fusades participa en Semana de la Transparencia 2017

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El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en el marco de la celebración del Día Internacional contra la Corrupción,

realizará por cuarto año consecutivo la “Semana de la Transparencia”, entre el 5 y el 8 de diciembre de 2017, uniéndonos a este esfuerzo

mundial para crear conciencia del impacto negativo que este cáncer genera a las democracias y haciendo algunas reflexiones sobre el

estado de la transparencia en nuestro país:

 
Distintos indicadores internacionales muestran que persisten altos niveles de percepción de la corrupción. Recientemente se reportó

que El Salvador reprobó el indicador sobre el control de la corrupción que evalúa la Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas

en inglés), siendo éste uno de los criterios que se deben cumplir para continuar siendo beneficiado por el FOMILENIO II. En 2016, este

indicador obtuvo una puntuación de 59%, y en 2017 ha sido de 47%, esto representa una caída de 12 puntos porcentuales y un retroceso

que debe alertar a todas las instituciones públicas para redoblar esfuerzos en la lucha contra la corrupción.

 
En el año 2016 se descubrieron varios casos de corrupción de gestiones anteriores, que significaron el desvío de millones de dólares de

las arcas públicas. No obstante, en 2017 estamos aún pendientes de ver resultados contundentes. Si bien un expresidente ha sido

condenado civilmente por enriquecimiento ilícito, este se encuentra asilado ilegítimamente en Nicaragua, y quedan pendientes,

respecto de él, investigaciones de otros posibles ilícitos penales. Además, guardan prisión preventiva un expresidente, un exfiscal y

varios exfuncionarios por verse involucrados en casos de corrupción. La Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial deben

responder de forma efectiva a la ciudadanía impartiendo justicia con respeto al debido proceso, y comprometiéndose con poner fin

a la impunidad que nos caracteriza.

 
Preocupan retrocesos en materia de acceso a la información pública. El Presidente de la República no ha cumplido a cabalidad con la

orden emitida por la Sala de lo Constitucional de entregar información relacionada con viajes oficiales y otros. Además, esta última ha

limitado el alcance del acceso a la información en una resolución que contradice su amplia jurisprudencia previa. Adicionalmente, el

Instituto de Acceso a la Información Pública permanece incompleto, tratándose de una institución vital para promover la transparencia

en el país. Hacemos un llamado a los funcionarios a respetar el derecho de acceso a la información y, en especial, a la Sala de lo

Constitucional a que revierta criterios que limitan este derecho, reiterando su jurisprudencia en la cual reconoce que la información

pública pertenece a los ciudadanos.

 

La elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) de 2017 volvió a presentar vicios de inconstitucionalidad.

Siendo una entidad clave para evitar la corrupción, la CCR históricamente ha hecho muy poco y las elecciones de sus funcionarios han

sido el objeto de varios procesos de inconstitucionalidad, por considerarse que los diputados omiten realizar un proceso que verifique

la honradez, experiencia, preparación profesional y la no afiliación partidaria de los postulantes. Exhortamos a la Sala de lo

Constitucional a resolver cuanto antes el recurso que se les ha presentado, y a los actuales integrantes de la CCR a demostrar con sus

actuaciones la independencia que manifiestan tener.

En 2018 tendremos importantes elecciones indirectas, puesto que se elegirá a 4 de los 5 magistrados que integran la Sala de lo

Constitucional y se iniciará el procedimiento para elegir al Fiscal General de la República. Es imperativo que las personas que resulten

electas para integrar la nueva Sala de lo Constitucional sean las más preparadas, independientes y comprometidas con la defensa de los

principios democráticos. Todos los ciudadanos podemos incidir en estas elecciones, exigiendo a los candidatos a diputados que

elegiremos en marzo de 2018 que se comprometan a realizar un proceso abierto, participativo y en el que se privilegie a los mejores

candidatos para que integren esta Sala. El Tribunal Supremo Electoral, por su parte, debe asegurar la credibilidad de las elecciones de

alcaldes y diputados adoptando la mayor transparencia en sus actuaciones.

 

La lucha contra la corrupción y la construcción de una cultura de transparencia requieren de la participación y la exigencia ciudadana, el

involucramiento de todos los sectores de la sociedad, para ir transformando El Salvador en un país más próspero y que ofrezca mejores

condiciones de vida para todos sus habitantes.

 

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