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En riesgo fondos de Fomilenio II por incumplimiento de compromisos de país

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Desde 2015 los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos, por medio de la Corporación del Reto del Milenio (Fomilenio II), suscribieron un convenio de cooperación (Fomilenio II) cuyo objetivo es el de mejorar el clima de inversiones en El Salvador para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 

Dicho convenio fue aprobado con el consenso de todos los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, y en el mismo quedó establecido que el país tomaría todas las medidas necesarias para cumplir el objetivo del Programa y los objetivos de los proyectos durante el periodo de vigencia del Convenio. 

Desde 2013, El Salvador cuenta con una Ley de Asocios Público Privados (APP), que vino a marcar un hito para el país y fue visto como un paso favorable, ya que permite financiar y operar proyectos de infraestructura que mejoren la calidad de servicios que brinda el Estado. A la fecha, el país aún no cuenta con proyectos de este tipo. 

En el marco de Fomilenio II, El Salvador adquirió el compromiso de llevar a cabo proyectos APP, como el de iluminación y videovigilancia en 140 kilómetros de las principales carreteras del país, a fin de brindar mayores niveles de seguridad a peatones y conductores. En este sentido, se comprometió a hacer reformas al Art. 26 de la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales para poder concretar dicho proyecto, cuya fecha límite fue el 30 de abril de 2018. 

En la actualidad, El Salvador está en riesgo de perder la oportunidad de concretar el primer proyecto de APP, ya que se incumplió el tiempo establecido al no haber existido la voluntad política necesaria para hacer la reforma; no obstante las múltiples gestiones realizadas por Fomilenio II y los compromisos adquiridos por todos los partidos políticos al firmar el convenio de cooperación. 

Es urgente que la Asamblea Legislativa apruebe la reforma del Art. 26 de la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales, a fin de asumir los compromisos de crear las condiciones normativas adecuadas para el desarrollo del Proyecto de Asocio Público Privado de iluminación y videovigilancia en 140 kilómetros de carreteras donde circulan más de 95 mil vehículos diarios, reduciendo así los riesgos de accidentes de tránsito y brindando mejores condiciones de seguridad. 

De no aprobarse esta reforma serán cancelados los fondos bajo el convenio de cooperación para fomentar este tipo de proyectos y se cerraría la oportunidad de hacer futuras inversiones que suman US$1,550 millones y que se concentran en:

•Saneamiento de aguas residuales del Gran San Salvador

• Construcción de un sistema moderno de transporte masivo 

• Construcción de dos tramos del anillo periférico que descongestionarían el tráfico vehicular

• Mejoras en infraestructura de los puestos fronterizos de Anguiatú, El Poy, La Hachadura y El Amatillo, agilizando así el tránsito de personas y de mercaderías

• Construcción de un nuevo centro de gobierno para facilitar y mejorar el acceso a los servicios de las oficinas públicas

• Renovación y edificación de centros escolares 

• Construcción y equipamiento de centros hospitalarios

Estas inversiones representan empleo, generación de oportunidades para mejorar la calidad de vida de los usuarios a través de moderna infraestructura y lograr así un país más competitivo. 

Adicionalmente se estaría perdiendo la confianza en el país frente a cooperantes y la comunidad internacional ante futuras oportunidades. 

Exhortamos a los diputados, en particular a los miembros de la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa, a que sin más demora actúen de cara al interés general sobre cualquier interés particular. 

Antiguo Cuscatlán, 18 de mayo de 2018

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