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Urge ordenar las finanzas públicas, pero se observa lo contrario

Autor: 
DEC
Fecha: 
Vie, 09/21/2018

 


Al cierre del primer semestre de 2018 las finanzas públicas continúan deteriorándose. En dirección contraria a las consecuencias que implica para el fisco, manejar una deuda alta y preocupante como la que el país ha alcanzado -71.6% del PIB-, el déficit del SPNF escaló a US$121.2 millones, superior a los US$42.5 millones registrados en ese periodo durante 2017. Se necesita disciplina y medidas de ajuste, pero el país no se encamina hacia la consolidación fiscal que tanto se necesita, se observa lo contrario. 

El mayor desequilibrio se explica por el incremento incesante del gasto, ya que los ingresos aumentaron influenciados por el efecto temporal de la amnistía fiscal. Hasta junio, aunque la inversión aumentó US$86.6 millones (27.9%), las erogaciones corrientes tuvieron una mayor influencia en el ascenso, incrementándose US$220.4 millones (8.54%), con remuneraciones (US$69.4 millones) y transferencias (US$93.4 millones) más altas. En suma, el gasto total aumentó US$298 millones (10%).

Históricamente, el ciclo político electoral se traduce en mayor déficit. Al contrastar tasas porcentuales de crecimiento, destaca como, en promedio, antes de una elección -presidencial o legislativa- los ingresos crecen 1% menos y los gastos 1.4% más que cuando no hay elecciones. Lo anterior refleja que el ímpetu por atraer votantes motiva aumentar el gasto, y la evidente mala reputación de los cambios o incrementos de impuestos, desacelera los ingresos. 

Debido a la reforma de pensiones aprobada, la comparación semestral refleja un descenso de US$77.6 millones en el rubro. Esto generaba una oportunidad para reducir el déficit, pero el resto de renglones del gasto aumentaron US$375.7 millones o 14%, lo cual no solo supera al mismo período del año pasado, sino que es superior al incremento promedio registrado durante periodos electorales (8%). Este hecho, más el elevado endeudamiento público, produce que el efecto electoral actual sea más severo.

También, el escalamiento del gasto se nota en los incrementos realizados en el presupuesto nacional. Así, el presupuesto votado para 2018 alcanzó US$5,467.5 millones, sin embargo, al adicionar US$68.5 millones por algunos incrementos ya aprobados y otros por venir, la asignación modificada total podría alcanzar US$5,536 millones al finalizar 2018.

Es urgente generar certidumbre sobre la conducción de las finanzas públicas. La Asamblea Legislativa debería: discutir y aprobar reformas a Ley AFI para implementar el presupuesto por programas con enfoque en resultados; reformar la Ley de Responsabilidad Fiscal, a fin de actualizar las reglas cuantitativas conforme con el PIB año base 2005 y actualizar el marco de consolidación fiscal. También, discutir y aprobar un acuerdo sobre la emisión de bonos para pagar el capital de la deuda ya emitida que está por vencer. Además, para reducir las necesidades de financiamiento del presupuesto de 2019, priorizando la inversión social y apuntalando la inversión mediante asocios público privados, el Ejecutivo debería congelar el gasto público en 2019, conforme con el presupuesto modificado para el ejercicio fiscal de 2018.

* Editorial publicado en la revista El Economista edición septiembre-octubre 2018, www.eleconomista.net

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