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Recopilación de Boletínes de Estudios Políticos 2013

Los "Boletines de Estudios Políticos" de 2013 son investigaciones cortas, en los que se abordó la crisis institucional más seria desde la firma del Acuerdo de Paz y la legitimidad e integridad del proceso electoral salvadoreño. Se desarrolla de manera amplia los antecedentes, actores y efectos políticos de la crisis institucional de 2012 y se elabora un análisis del estado del proceso electoral salvadoreño, planteando reflexiones en cómo superar los déficits que muestran diferentes áreas.

Areas de Investigación:

Programa / Departamento: 
DEP
Investigadores: 
Luis Mario Rodríguez, Luisa Solano, Guillermo Miranda Cuestas
Autor Personal: 
Luis Mario Rodríguez
Autor Institucional: 
El Salvador. FUSADES-DEP
Editorial: 
FUSADES-DEP
ISSN: 
2219-2530
Año de publicación: 
2013
No de Páginas: 
40
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FUSADES respalda la integración ciudadana de los Organismos Electorales Temporales (OET). Sin embargo manifiesta su preocupación por la practicidad de la medida ordenada por la Sala de lo Constitucional (SCN) que mandó prohibir la participación de todos aquellos que presenten una vinculación material o formal con los partidos políticos sin especificar las situaciones concretas que deberían inhabilitar a un ciudadano para formar parte de los OET a diferencia de otros sistemas en América latina en los que, como se demuestra en la presente posición institucional, se describen claramente las causas que impedirían a alguien su participación como parte de las mesas electorales.
En el contexto de los comicios presidenciales de El Salvador en 2014, el presente boletín identifica los desafíos que deben atenderse para revestir de legitimidad la contienda política de 2014, así como los sucesivos eventos comiciales.
Entre 1994, la primera elección desde que se firmó el Acuerdo de Paz el 16 de enero de 1992, y el proceso electoral que se celebró el 1º de marzo de 2015, El Salvador ha invertido $190,816,278, lo que representa un gasto promedio por elección de $15,901,356*.
El jueves 14 de febrero de 2013, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto legislativo N° 307 (DL 307) que contenía un proyecto de Ley de Partidos Políticos con varias fallas importantes. Las principales fallas identificadas tienen que ver con la falta de idoneidad en el ente encargado de velar por la aplicación de la ley -en cuanto a recursos humanos y financieros e independencia partidaria se refiere- y los mecanismos de control y fiscalización de las finanzas y gastos de los partidos políticos.
El 24 de enero de 2013, con 82 votos en la Asamblea Legislativa, fue aprobado el mecanismo del voto desde el exterior, mediante el cual los salvadoreños tendrán la posibilidad de ejercer su derecho al sufragio para elecciones presidenciales.
El 10 de enero de 2013, la Asamblea aprobó el Decreto Legislativo (DL) N° 254 que regula, con carácter permanente, el mecanismo para elegir a diputados en las próximas elecciones a partir de 2015. La normativa mantiene el mismo contenido que el decreto transitorio 9401, el cual inserta la figura del “voto por persona” y desarrolla las diferentes formas de votar, así como el procedimiento para contar los votos.
Los "Memorándum Políticos" del año 2010 son escritos breves sobre casos en materia electoral en países de América Latina.
Una apreciación integral sobre la posible reforma al actual sistema electoral, como resultado delcumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Constitucional, pasa necesariamente por la realización de un diagnóstico sobre el contexto enel que ocurriría el rediseño en cuestión. Tal diagnóstico debe considerar, en primer lugar, las limitantes constitucionales; en segundo lugar,los aspectos sustantivos que determinan la eficacia de una posible reforma; y en tercer lugar, la voluntad política para llevarla a cabo.
La visita del cuadragésimo cuarto Presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, suscitó en el mundo académico diferentesinterpretaciones.
Una reforma fundamental en la Constitución de la República producto de los acuerdos, fue la designación del TSE como la más alta autoridad en materia electoral, concediéndole a los partidos políticos el derecho de vigilar la elaboración, la organización, la publicación y la actualización del Registro Electoral y permitiéndoles ejercer vigilancia sobre todo el proceso electoral.

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