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La democracia y el costo de su consolidación en El Salvador. Consideraciones para una evaluación integral

Entre 1994, la primera elección desde que se firmó el Acuerdo de Paz el 16 de enero de 1992, y el proceso electoral que se celebró el 1º de marzo de 2015, El Salvador ha invertido $190,816,278, lo que representa un gasto promedio por elección de $15,901,356*. Otro costo que interviene en la celebración de los procesos electorales es el pago de la deuda política. El artículo 210 de la Constitución de la República lo reconoce como una vía de financiamiento para los partidos políticos junto a la posibilidad de aportes privados que regula la legislación secundaria. Respecto del financiamiento público, la Ley de Partidos Políticos establece en el artículo 52 que éstos “tendrán derecho a recibir del Estado, una suma de dinero por cada voto válido que obtengan en las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, para diputados al Parlamento Centroamericano y Asamblea Legislativa, y para concejos municipales”2. Desde 1994 hasta el 23 de marzo de 2015 el Ministerio de Hacienda ha pagado $102,598,023 en concepto de financiamiento público para los partidos políticos para cada una de las elecciones celebradas.

Areas de Investigación:

Investigadores: 
Luis Mario Rodríguez, Luisa Solano
Autor Institucional: 
Fusades
ISSN: 
2219-2514
Año de publicación: 
2015
No de Páginas: 
10
Ubicacion Fisica: 
Elecciones, democracia, presupuesto, costo, El Salvador,
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FUSADES respalda la integración ciudadana de los Organismos Electorales Temporales (OET). Sin embargo manifiesta su preocupación por la practicidad de la medida ordenada por la Sala de lo Constitucional (SCN) que mandó prohibir la participación de todos aquellos que presenten una vinculación material o formal con los partidos políticos sin especificar las situaciones concretas que deberían inhabilitar a un ciudadano para formar parte de los OET a diferencia de otros sistemas en América latina en los que, como se demuestra en la presente posición institucional, se describen claramente las causas que impedirían a alguien su participación como parte de las mesas electorales.
En el contexto de los comicios presidenciales de El Salvador en 2014, el presente boletín identifica los desafíos que deben atenderse para revestir de legitimidad la contienda política de 2014, así como los sucesivos eventos comiciales.
Entre 1994, la primera elección desde que se firmó el Acuerdo de Paz el 16 de enero de 1992, y el proceso electoral que se celebró el 1º de marzo de 2015, El Salvador ha invertido $190,816,278, lo que representa un gasto promedio por elección de $15,901,356*.
El 10 de enero de 2013, la Asamblea aprobó el Decreto Legislativo (DL) N° 254 que regula, con carácter permanente, el mecanismo para elegir a diputados en las próximas elecciones a partir de 2015. La normativa mantiene el mismo contenido que el decreto transitorio 9401, el cual inserta la figura del “voto por persona” y desarrolla las diferentes formas de votar, así como el procedimiento para contar los votos.
El jueves 14 de febrero de 2013, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto legislativo N° 307 (DL 307) que contenía un proyecto de Ley de Partidos Políticos con varias fallas importantes. Las principales fallas identificadas tienen que ver con la falta de idoneidad en el ente encargado de velar por la aplicación de la ley -en cuanto a recursos humanos y financieros e independencia partidaria se refiere- y los mecanismos de control y fiscalización de las finanzas y gastos de los partidos políticos.
El 24 de enero de 2013, con 82 votos en la Asamblea Legislativa, fue aprobado el mecanismo del voto desde el exterior, mediante el cual los salvadoreños tendrán la posibilidad de ejercer su derecho al sufragio para elecciones presidenciales.
El sistema político y electoral salvadoreño ha experimentado diferentes reformas de gran trascendencia para el proceso democrático del país. La autoridad electoral, el Tribunal Supremo Electoral, desempeña un rol clave en la implementación de dichas reformas, por lo que la posición de sus autoridades con respecto a éstas toma mucha importancia. En este sentido, el DEP elaboró este Memorándum Político con base en la posición del Magistrado presidente del TSE, Eugenio Chicas sobre la reforma política en el país.
Tras los Acuerdos de Paz de 1992 que dieron fin al conflicto armado en el país, se aprobó un Código Electoral (CE) que, entre sus considerandos, planteaba la necesidad de nuevas reglas que garantizaran la “pureza electoral”. En tal sentido, se estableció la presencia del Ministerio Público y particularmente de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la figura del “fiscal electoral”.
Los "Memorándum Políticos" del año 2013 son escritos breves en los que se desarrollan temas clave de vista a la elección presidencial de 2014. Asimismo, se abordan temas como la Ley de Partidos Políticos, el rol del fiscal electoral y las reformas aprobadas al Código Electoral salvadoreño.
Los "Memorándum Políticos" del año 2010 son escritos breves sobre casos en materia electoral en países de América Latina.

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