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Informe Coyuntura Legal e Institucional II semestre de 2016

En el segundo semestre de 2016 hubo numerosos acontecimientos que incidieron en el Estado de derecho. En materia de respeto a la separación de poderes, los ataques orquestados contra la Sala de lo Constitucional han arreciado, provocando la reacción de la sociedad civil y de funcionarios internacionales que exigen que cesen cuanto antes. Por primera vez, los magistrados han denunciado amenazas contra su integridad, lo cual demanda una pronta investigación.

Areas de Investigación:

Programa / Departamento: 
DEL
Autor Institucional: 
Fusades
Lugar Publicacion: 
El Salvador
Año de publicación: 
2017
No de Páginas: 
85
Documento de descarga: 
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En el primer semestre de 2018 han ocurrido dos sucesos de gran importancia para el Estado de derecho: Las elecciones de diputados y alcaldes y el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En cuanto a las elecciones municipales y legislativas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumplió con los mandatos legales y jurisprudenciales de que los candidatos no partidarios participaran en bloque, a efecto de asignar votos para lograr escaños. El TSE también cumplió con la implementación de organismos electorales ciudadanizados, si bien esto no estuvo exento de problemas y críticas.
El proceso de elección de diputados y concejos municipales, así como el de selección de cinco magistrados de la CSJ, han englobado los principales sucesos sobre Estado de derecho en el segundo semestre de 2017. Ambos acontecimientos están muy relacionados, en cuanto que los diputados que resulten electos tendrán la última palabra sobre quiénes serán los nuevos magistrados del máximo tribunal de justicia en El Salvador.
En el primer semestre de 2017 continuaron las denuncias de afectaciones a derechos fundamentales. La PDDH informó que en los primeros seis meses de 2017 recibió 185 denuncias por esta causa contra la PNC y 25 contra la FAES. La Inspectoría General de Seguridad Pública respondió a una solicitud de acceso a información señalando que recibió 340 denuncias para iniciar procesos disciplinarios por presuntos abusos o violaciones a derechos humanos. En enero del presente año, la Sala de lo Constitucional dio lugar a un habeas corpus sobre la desaparición de tres jóvenes en Armenia, Sonsonate, atribuida a militares. La FGR reportó que hubo 19 condenas penales contra miembros de la PNC, pero dentro de esas ninguna fue por delitos relativos a derechos y garantías fundamentales de la persona considerados en el Código Penal, pero sí hubo condenas por delitos de cohecho propio e impropio, agrupaciones ilícitas, extorsión, robo, amenazas, tráfico ilícito, entre otros. Los derechos fundamentales no pueden limitarse si no es en los casos y alcances legales y mediante procedimientos preestablecidos y
En el segundo semestre de 2016 hubo numerosos acontecimientos que incidieron en el Estado de derecho. En materia de respeto a la separación de poderes, los ataques orquestados contra la Sala de lo Constitucional han arreciado, provocando la reacción de la sociedad civil y de funcionarios internacionales que exigen que cesen cuanto antes. Por primera vez, los magistrados han denunciado amenazas contra su integridad, lo cual demanda una pronta investigación.
En el primer semestre de 2016, destacan los problemas para elegir a tiempo a los funcionarios que dirigen instituciones importantes. El caso más emblemático es el atraso en la elección de los consejeros del Consejo Nacional de la Judicatura, una institución que al cierre de este informe lleva más de nueve meses sin poder cumplir sus funciones constitucionales, lo cual genera disfuncionalidades, por ejemplo, la falta de nombramiento de los jueces para las vacantes existentes. Junto al CNJ, la Procuraduría General de la República tuvo su titular el 14 de abril de 2016, con tres meses de retraso, afectando una institución con funciones trascendentales, como la defensa pública en materia penal. Finalmente, el nombramiento de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República fue declarado inconstitucional porque la Asamblea Legislativa omitió documentar la no afiliación partidaria de dos de los magistrados y porque no se justificó el cumplimiento de los requisitos constitucionales de los tres profesionales que fueron elegidos. Las instituciones son los mecanismos que el Estado emplea
El tema más destacado en materia de Estado de derecho e institucionalidad en el segundo semestre de 2015 fue la necesidad de que la Asamblea Legislativa eligiera a los titulares de instituciones fundamentales del Estado, como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Consejo Nacional de la Judicatura e iniciara el proceso para el titular de la Procuraduría General de la República. En esto ha habido altibajos, desde atrasos con respecto a los plazos legales, pasando sobre la calidad del cumplimiento de sentencias que establecen los estándares del proceso, hasta el hecho de que muchas de las discusiones sobre los candidatos no recaigan tanto sobre el mérito de los candidatos como sobre sus vinculaciones políticas.
Some international indicators suggest that under certain social conditions of crime, the support for the Rule of Law can reduce, as some citizens can be encouraged to legitimize actions outside the law, if they receive more security. The truth is that fighting crime requires the strengthening of the democratic institutions, because such delicate task must fall within the strict observance of the law and within the fundamental guarantees. Extraordinary measures, such as the use of the military force in public security tasks, should adhere to the Constitution and to the constitutional jurisprudence; for example, the President should report to Congress, as soon as the period for which the use of the military force has been authorized expires, in accordance with article 168.12 of the Constitution.
Algunos indicadores internacionales sugieren que en condiciones sociales de delincuencia puede disminuir el apoyo al Estado de derecho, pues algunos ciudadanos pueden verse impulsados a legitimar actuaciones fuera de la legalidad con tal de que se les provea seguridad. Lo cierto es que el combate a la delincuencia requiere del fortalecimiento de la institucionalidad democrática, porque tan delicada tarea debe enmarcarse dentro del respeto estricto de la ley y las garantías fundamentales
Las mediciones internacionales sobre temas de Estado de derecho permiten resumir mucho de lo que sucede en el país sobre este tema. Este semestre encontramos que en el Índice de Estados Frágiles, de entre los 178 Estados evaluados, aparecen casi 100 Estados peor que El Salvador, 1 en igualdad de posiciones, y 77 que están mejor.
En esta edición del Informe de Coyuntura Legal e Institucional se hace referencia a los acontecimientos que han impactado la situación del Estado de derecho en el primer semestre de 2014, y se relacionan con las perspectivas que generan, utilizando un enfoque sencillo, en el que se describe la situación en cada tema y su importancia para el sistema jurídico e institucional que debe estar al servicio de los ciudadanos.

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