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Transparencia y rendición de cuentas del Estado

Transparencia y rendición de cuentas del Estado

El 7 de septiembre de 2011, que se tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación, que el Presidente había emitido el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Luego de la aprobación de la LAIP, tras más de 2 años de discutirse en la Asamblea Legislativa, el Presidente de la República devolvió con 7 observaciones la normativa. Ahora la Asamblea Legislativa debe decidir si acepta o rechaza, total o parcialmente dichas observaciones.
La Asamblea Legislativa tiene la obligación legal de proveer los datos solicitados al Instituto de Acceso a la Información Pública, como es la lista de asesores legislativos y de los grupos parlamentarios.
El presente Anteproyecto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, nace de un esfuerzo conjunto del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional Sección El Salvador, IIDC, y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Fusades, contando con el auspicio financiero del Programa de Transparencia y Gobernabilidad, TAG.
El Presupuesto General de la Nación aprobado para el año 2014 otorga la facultad al Ministerio de Hacienda para realizar transferencias directamente a organismos de distintos ramos, lo que permite aumentar partidas como la de “gastos imprevistos” utilizada a discreción de Casa Presidencial.
La Constitución de la República no contiene una disposición que garantice de manera expresa el derecho de acceso a la información, pero existe una base constitucional que permite reclamar este derecho.
La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), nace de un esfuerzo colectivo desde la sociedad civil salvadoreña, con el fin de garantizar un derecho humano fundamental: el derecho de todos los ciudadanos a tener acceso a la información en poder de las instituciones públicas, de manera oportuna, completa y veraz.
La vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública trae consigo múltiples obligaciones para las instituciones públicas, las cuales deben prepararse para que al término de un año de la vigencia se instaure un sistema de acceso a la información capaz de satisfacer las necesidades ciudadanas.
El derecho de acceso a la información pública es la facultad que tiene toda persona de acceder la información en poder de las instituciones públicas, sin necesidad de legitimación o justificación alguna.
El Presidente de la República tenia como plazo hasta el 5 de marzo del 2012 para realizar el nombramiento de los comisionados integrantes del Instituto de Acceso a al Información Pública, lo cual no ha realizado, así como tampoco a hecho la designación presupuestaria que le corresponde por ley.

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