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El 17 de junio de 2013, entró en vigor la Ley Especial de Asocios Público Privados, con debilidades importantes que no permitieron que fuera una normativa funcional, competitiva ni atractiva para promover inversiones en este tipo de proyectos.
Actualmente ES ha ratificado 26 convenios de la OIT, los cuales constituyen leyes de la República, sin embargo, ha habido una serie de obstáculos para la ratificación y entrada en vigencia de los Convenios 87 y 98 de la OIT.
El 1 de octubre de 2009, de forma sorpresiva e inconsulta, se reformó la LMCA y LACAP, en aspectos como el derecho de apelación y los efectos suspensivos del laudo arbitral y la competencia de la jurisdicción interna para conocer de dichos laudos.
En el art. 23 de la Constitución de la República se garantiza la libertad de toda persona para contratar conforme a las leyes y se establece que todo aquél que tenga libre administración de sus bienes, no puede ser privado del derecho de terminar sus asuntos civiles o comerciales por transacción o arbitramiento.
El presente informe se basa en un estudio realizado en El Salvador por dos consultores internacionales, investigadores de la Universidad de Salamanca, durante agosto y septiembre de 2013. El objeto del estudio es la empresa de economía mixta Alba Petróleos y sus empresas relacionadas y el clientelismo político en El Salvador.
“La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el hábeas corpus, las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo a que se refiere el Art. 138 y las causas mencionadas en la atribución 7 del Art. 182 de esta Constitución.
Según el art. 193 de la Constitución de la República de El Salvador, corresponde al Fiscal General de la República promover la acción penal de oficio o a petición de parte. Esta disposición se había interpretado en las leyes y en la práctica como un monopolio de la promoción de la acción penal pública en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), es decir, que si esta institución no actuaba, la víctima no tenía una vía para llevar ante los tribunales a su victimario, vulnerando los derechos de acceso a la justicia y de protección judicial de las víctimas.
El Código Procesal Penal (CPP) que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2010, establecía los casos en los que un juez podía dictar el sobreseimiento definitivo, sin entrar a hacer distinciones sobre el tipo de juez al que se refería1 . Por lo tanto, la palabra “juez” debía interpretarse como toda aquella autoridad jurisdiccional, competente en materia penal, para la tramitación del proceso, comprendiendo tanto a los jueces de paz como a los jueces de instrucción.
El 17 de junio de 2013, entró en vigor la Ley Especial de Asocios Público Privados, con debilidades importantes que no permitieron que fuera una normativa funcional, competitiva ni atractiva para promover inversiones en este tipo de proyectos.

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