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Modernización del Estado

Modernización del Estado

“La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el hábeas corpus, las controversias entre el Órgano Legislativo y el Órgano Ejecutivo a que se refiere el Art. 138 y las causas mencionadas en la atribución 7 del Art. 182 de esta Constitución.
El siete de marzo de 2013, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Legislativo N° 326 (DL 326)1 que establece la integración pluripartidaria de los concejos municipales y cuyo contenido fue incorporado al nuevo Código Electoral (CE). En este mismo sentido el Decreto Legislativo N° 737 (DL 737)2 , sancionado el diez de julio de 2014, complementa las reformas ya incorporadas en el CE. En la agenda de reforma política, el tema de los concejos municipales plurales, como se conoce usualmente, se encontraba entre la lista de modificaciones pendientes para fortalecer el sistema de democracia representativa3 .
En 2012 el voto residencial abarcó 185 municipios y el 48% del padrón electoral. Dado que era la primera elección en donde esta nueva herramienta abarcaba una cantidad importante de municipios y población, el Departamento de Estudios Políticos (DEP) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) realizó una investigación sobre el impacto de esta modalidad en la participación electoral .
Los ocho aspectos que debe atender de manera prioritaria el nuevo gobierno: el estado de las finanzas públicas, el crecimiento y la competitividad, la tramitología, la seguridad pública, el Estado de derecho, la democracia, la función pública y la pobreza.
El 17 de junio de 2013 entró en vigor en El Salvador la Ley Especial de Asocios Público Privados (Ley APP)1 , con debilidades importantes que no permiten que sea una ley funcional, competitiva ni atractiva para promover inversiones en este tipo de proyectos, debido a que: i) carece de una adecuada institucionalidad, ii) el proceso de aprobación de los asocios es largo y engorroso en comparación con otros países, iii) no brinda certeza jurídica a los inversionistas por las múltiples intervenciones legislativas, iv) tiene exclusiones injustificadas que limitan atender necesidades reales del país, v) posee un límite fiscal que reduce la posibilidad de realizar más de dos proyectos APP al mismo tiempo, y vi) carece de altos niveles de transparencia y publicidad.
¡La Constitución cumple 30 años! Fue en el salón de sesiones de la Asamblea Constituyente, en el Palacio Legislativo, que el 15 de diciembre de 1983 se aprobó el texto definitivo de nuestro nuevo Pacto Social y, conforme reza el artículo único de su Título X, la misma entró en vigencia el día 20 de ese mismo mes y año. La Asamblea Constituyente, encargada de elaborar el proyecto de Constitución, se instaló el 22 de abril de 1982 y una vez aprobada la Constitución de 19831 , se constituyó en Asamblea Legislativa y su periodo duró hasta el 30 de abril de 19852 .
En toda democracia, el acceso al poder se legitima a través de elecciones justas, transparentes, periódicas y competitivas, que gocen de la confianza y credibilidad por parte de la sociedad y de los actores políticos participantes.
El fomento de la inversión nacional y extranjera se ha convertido en un objetivo del actual gobierno, como lo demuestra la actividad legislativa de los últimos meses motivada a iniciativa del Órgano Ejecutivo. Hemos visto la reciente aprobación de reformas a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización y a la Ley de Servicios Internacionales, así como la aprobación de nuevos cuerpos legales tales como la Ley de Concesión de la Terminal Portuaria Multipropósito Especializada en Contenedores, Fase I, del Puerto de la Unión Centroamericana y la Ley de Asocios Públicos Privados (aunque estas dos leyes nuevas han provocado cierta decepción entre los potenciales inversionistas).
El servicio civil es el recurso humano que utiliza el Estado para cumplir efectivamente las funciones que la Constitución y las leyes le han encomendado. De esa forma, el Estado puede garantizar los derechos de los ciudadanos y viabilizar la satisfacción de sus necesidades creando valor público en todo el ciclo de las políticas públicas, garantizando las libertades individuales, fomentando el crecimiento económico y social, o juzgando y ejecutando lo juzgado de forma pronta y justa, entre otros. Por lo que, un Estado al servicio de los ciudadanos requiere contar con una función pública profesionalizada y fundamentada en la idoneidad y el mérito.
El servicio civil es el recurso humano que utiliza el Estado para cumplir efectivamente las funciones que la Constitución y las leyes le han encomendado. De esa forma, el Estado puede garantizar los derechos de los ciudadanos y viabilizar la satisfacción de sus necesidades creando valor público en todo el ciclo de las políticas públicas, garantizando las libertades individuales, fomentando el crecimiento económico y social, o juzgando y ejecutando lo juzgado de forma pronta y justa, entre otros. Por lo que, un Estado al servicio de los ciudadanos requiere contar con una función pública profesionalizada y fundamentada en la idoneidad y el mérito.

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