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Estado de Derecho e Institucionalidad

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El Decreto Legislativo no. 412 aprobado por la Asamblea Legislativa, constituye un atentado a la libertad de expresión, en la medida que agrega una sanción y limitación para la crítica política que no está justificada en la Constitución.
El Observatorio Judicial es una herramienta de investigación y participación ciudadana que promueve la transparencia y la rendición de cuentas del Órgano Judicial, presentando de manera objetiva y oportuna el quehacer de este poder del Estado.
La Sala de lo Constitucional declaró como inconstitucional el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que contenía disposiciones que violaban los principios de indelegabilidad de funciones, legalidad y división de poderes.
La existencia de una CSJ integrada por magistrados independientes, competentes e intachables resulta indispensable para el correcto funcionamiento del sistema judicial efectivo en un Estado de Derecho.
En este boletín, se presentan las consideraciones de FUSADES sobre el proyecto de Ley Procesal Constitucional sometido a consulta por la Asamblea Legislativa.
La decisión de titular este boletín “Un fallo sin fundamentos” obedece a dos razones: La primera, porque la competencia que la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) se autoatribuyó para convertirse en instancia revisora de las sentencias de la Sala de lo Constitucional de nuestro país carece de fundamento legal; y la segunda, porque en sí mismo, el fallo pronunciado carece de motivación que justifique las bases de su competencia, de su supuesto carácter “supraconstitucional”, así como para explicar los motivos de fondo de la decisión pronunciada.
El 18 de septiembre de 2012, termina el periodo de elección del Fiscal General de la República y la Asamblea Legislativa debe designar a su sucesor, luego de que, en marzo, la Asamblea decidó hacer un nombramiento anticipado que fue declarado como inconstitucional.
Uno de los retos de Centroamérica es impulsar la consolidación del proceso de integración centroamericana, el cual permita el desarrollo social, cultural, económico y político como región, maximizar las oportunidades y crear una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.
El 24 de abril de 2012, seis días antes de concluir su periodo de funciones, la Asamblea Legislativa (AL) llevó a cabo la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el periodo 2012-2021, en exceso de sus facultades constitucionales, puesto que a inicios de esa legislatura ya había electo a los magistrados de la Corte para el periodo 2009-2018.
La LAIP establece de manera expresa los plazos para la creación del IAIP y el nombramiento de los comisionados a su debido tiempo, no obstante, vencido el plazo, no se han garantizado ni las medidas necesarias para la provisión de una partida presupuestaria para ello.

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