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Estado de Derecho e Institucionalidad

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El 17 de julio de 1998, en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, fue adoptado el texto del “Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional” con el voto favorable de 120 Estados participantes.
El CNJ es uno de los grandes avances jurídicos e institucionales de nuestro país. Su función es nada menos la preparación y selección de las personas que tendrán la capacidad de juzgar a los salvadoreños, decidir sobre la vida, la libertad y demás derechos, por ende no puede haber labor que necesite mejores cualidades éticas para su ejercicio.
La independencia judicial es un presupuesto básico de democracia y el Estado de derecho, como medio de garantizar la autonomía de los jueces y la adminitración de una justicia imparcial a los particulares.
La Ley Órganica Judicial (LOJ) contempla que todos los magistrados y jueces propietarios deben tener un suplente. Magistrado o juez suplente es la persona que ejerce la función jurisdiccional de manera temporal, en sustitución de algún titular o propietario por un período determinado.
Este año terminan sus períodos cinco magistrados de la CSJ, actualmente cuatro de ellos forman parte de la Sala de lo Constitucional y el otro está en la Sala de lo Civil. Los nuevos magistrados entrarán en funciones el 1 de julio de 2009.
La Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró la inconstitucionalidad del inc. 3° del art. 191 del CP, por considerar que la exclusión de toda responsabilidad para los medios de comunicación violaba el principio de igualdad en la formación de la ley (art. 3Cn.) y dejaba desprotegidos los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen, violando el art. 6 inc. 1° Cn.
Recientemente ha habido leyes que se han aprobado por la Asamblea Legislativa con dispensa de trámites, y de manera sorpresiva e inconsulta. La regulación de la dispensa de trámites en el proceso de formación de ley aparece contenida en el art. 76 RIAL.
El art. 248 de la Cn. en sus incisos primero y segundo, regula la reforma constitucional de la siguiente forma. “La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de dos tercios de los diputados electos.”
En el Art.131 numeral 19 de la Constitución se establece que corresponde a la Asamblea Legislativa elegir por votación nominal y pública al Fiscal General de la República.

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