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Estado de Derecho e Institucionalidad

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Uno de los retos de Centroamérica es impulsar la consolidación del proceso de integración centroamericana, el cual permita el desarrollo social, cultural, económico y político como región, maximizar las oportunidades y crear una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.
En el presente documento, se harán algunas valoraciones sobre dos situaciones coincidentes que se han presentado en la actual coyuntura y que impactan en el Estado de derecho, en medio de una campaña electoral para las elecciones presidenciales.
El 18 de septiembre de 2012, termina el periodo de elección del Fiscal General de la República y la Asamblea Legislativa debe designar a su sucesor, luego de que, en marzo, la Asamblea decidó hacer un nombramiento anticipado que fue declarado como inconstitucional.
El Observatorio Legislativo es una herramienta de investigación y participación ciudadana que promueve la transparencia y la rendición de cuentas del ÓrganoLegislativo, presentando de manera objetiva y oportuna el quehacer de este poderdel Estado.
Los Magistrados de la Corte de Cuentas de la República nombrados para 2011-2014, cesarán en sus funciones en junio y julio próximos, por lo que la Asamblea Legislativa se encuentra actualmente preparando una nueva elección.
En el Art. 131 numeral 19 de la Constitución se establece que corresponde a la Asamblea Legislativa elegir por votación nominal y pública a los Magistrados de la CSJ.
El 1 de abril de 2011, nueve magistrados de la CSJ, denunciaron ante la FGR, a cuatro de sus colegas integrantes de la Sala de lo Constitucional, por considerar que estos han cometido delito durante la tramitación del proceso de amparo de referencia 288-2008, por desconocer resoluciones de Corte Plena.
El 17 de julio de 1998, en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, fue adoptado el texto del “Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional” con el voto favorable de 120 Estados participantes.
El art. 86 de la Cn. norma el principio de legalidad que rige a la administración pública, el cual establece: “Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”.
El CNJ es uno de los grandes avances jurídicos e institucionales de nuestro país. Su función es nada menos la preparación y selección de las personas que tendrán la capacidad de juzgar a los salvadoreños, decidir sobre la vida, la libertad y demás derechos, por ende no puede haber labor que necesite mejores cualidades éticas para su ejercicio.

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